La semana pasada, AIEJA, la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y los Juegos de Azar, presentó su caso ante los medios nacionales. Sus miembros señalan la Ley Federal de Juegos de Azar y Loterías de 1947 como una “reliquia de otra época, incapaz de gobernar el mercado de casinos de México, valorado en 10 mil millones de dólares, y el sector de los juegos de azar online, en rápida evolución”.
“La urgencia no se limita a la legalidad, sino a la oportunidad económica”, declaró Miguel Ángel Ochoa, director de AIEJA, y agregó: “Con reglas claras, el Estado gana estabilidad, los operadores ganan certeza y los consumidores ganan protección”.
La obsolescencia es evidente. “Sus lagunas legales son un caldo de cultivo para el juego ilegal, perjudican la recaudación fiscal y siembran incertidumbre entre los clientes”, señaló Arturo Rodríguez García, columnista de El Heraldo de México.
México, un mercado desequilibrado
Se estima que la industria mexicana de casinos presenciales supera los mil dólares y opera en 28 estados con alrededor de 400 locales. El sector genera más de 200.000 empleos, tanto directos como indirectos, y contribuye al crecimiento del turismo, la gastronomía y el entretenimiento. Mientras tanto, los juegos online se han expandido a un ritmo vertiginoso. Los ingresos aumentaron de 600 millones de dólares en 2019 a 2.700 millones de dólares en 2024, y se proyecta que superen los 3.000 millones de dólares este año.
Pero esta tendencia digital viene con una salvedad, casi El 60 por ciento de la actividad online es ilegal, lo que representa unos 300 millones de dólares en ganancias no tributadas. Los operadores legales se quejan de que sus inversiones en cumplimiento normativo y protección del consumidor se ven socavadas por sitios web sin licencia, a menudo alojados en el extranjero, que no están sujetos a supervisión ni ofrecen ninguna de las protecciones que exigen los reguladores.
“Este es quizás el mayor desafío: cómo proporcionar un marco regulatorio claro para los juegos digitales que reduzca la informalidad, proteja a los usuarios y mejore la recaudación de ingresos”, observó Rodríguez García.
El gobierno se muestra reticente a la nueva Ley Federal de Juegos
El gobierno es consciente del problema. A finales de 2024, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, convocó a permisionarios, operadores y líderes sindicales, entre ellos Miguel Ángel Ochoa de AIEJA y Alfonso Pérez Lizaur de APPJSAC (Asociación de Permisionarios de Juego). La reunión reconoció la necesidad de modernizar la legislación, garantizar una competencia justa y combatir la corrupción.
Los líderes de la industria insistieron en su postura. Ochoa argumentó que combatir el juego ilegal requería “normas que hicieran más atractivo mantener la legalidad”. Advirtió que la experiencia de otros países demuestra que si los impuestos o las restricciones son excesivos, los operadores se esconden. La lección, insistió, fue clara: México debe diseñar un modelo equilibrado, “donde la regulación apoye la innovación, no la obstaculice”.
El foro de la Secretaría de Gobernación manifestó su intención, pero no se tradujo en legislación. La tarea de reescribir la ley de 1947 recae en el Congreso, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aceptarla. El capital político es escaso, y la reforma del juego ocupa un lugar bajo en la apretada agenda de Morena.
Sin embargo, paradójicamente, actualizar la ley del juego encajaría perfectamente con el impulso de digitalización promovido por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno impulsó reformas en la banca, las tecnologías financieras y la infraestructura de TI. Extender principios similares al juego (sistemas de pago seguros, controles contra el lavado de dinero y protección al consumidor) alinearía al sector con una modernización más amplia liderada por el Estado.
Las asociaciones comerciales enfatizan que la reforma no debe confundirse con una liberalización total del juego. La industria no exige una política de puertas abiertas, sino claridad legal para apoyar la inversión nacional, atraer capital extranjero y proteger a los consumidores de la intrusión del mercado negro.
AIEJA estima que el sector regulado sustenta más de 38.000 empleos directos y 140.000 indirectos, a la vez que aporta importantes ingresos fiscales a las arcas federales, estatales y municipales. Un marco más coherente podría ampliar esta base y canalizar recursos hacia la salud pública, la educación y la infraestructura.
El peligro de la inercia es igualmente evidente. Un mercado ilegal sin control no solo desvía ingresos, sino que también socava la confianza del consumidor y la credibilidad del estado a la hora de aplicar sus propias normas. Como lo expresó Rodríguez García: “La puerta al debate con reglas claras está abierta. El reto ahora será que el Congreso materialice este esfuerzo”.
Lecciones fiscales del exterior
México no necesita empezar desde cero. Jurisdicciones europeas, como España y Dinamarca, han demostrado que los regímenes de licencias transparentes, una sólida supervisión digital y tasas impositivas calibradas pueden mantener las tasas de canalización (es decir, la proporción de jugadores que utilizan operadores legales) por encima del 90 por ciento.
Más cerca de casa, el mercado colombiano también se ha convertido en un referente tras legalizar y gravar las apuestas online en 2016. Sin embargo, el desarrollo del mercado colombiano de juegos de azar se vio interrumpido en 2025 por la decisión directa del presidente Gustavo Petro de aplicar un IVA del 19 por ciento a los depósitos como medida permanente.
Los ejemplos anteriores sugieren que un marco bien diseñado puede combinar la recaudación de ingresos con la protección del consumidor, siempre que los reguladores resistan la tentación de imponer impuestos excesivos. “Cuando las normas son sensatas y predecibles, el mercado legal prospera. Cuando son punitivas, el sector ilegal gana”, señaló un ejecutivo.
Evitando un estancamiento en México
Con la proyección de que el mercado mexicano de juegos online alcance los seis millones de jugadores para 2028, el tiempo apremia. Inversionistas, operadores y sindicatos presionan por una reforma, y la Secretaría de Gobernación ha mostrado su disposición a escuchar. Lo que falta es impulso legislativo.
La columna de Rodríguez García del fin de semana planteó los desafíos sin rodeos. México, argumentó, se enfrenta a una disyuntiva: sentar “bases sólidas para que el juego en México se desarrolle como debería” o continuar bajo un marco histórico. Por ahora, el debate sigue sin guión. Pero cuanto más se demore el Congreso, más se inclinará la balanza hacia la ilegalidad.
Dingnews.com 09/09/2025