El senador Randolfe Rodrigues, líder del gobierno del PT en el Congreso, confirmó que la propuesta previamente presentada después de la expiración de la Medida Provisional 1303/2025 se reintroducirá en la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO).
El plan, impulsado por el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, tiene como objetivo recaudar 35 mil millones de reales (6.200 millones de euros) para el presupuesto de 2026 a través de un gravamen sobre lo que él llama "multimillonarios, bancos y apuestas".
Haddad argumenta que la medida es tanto una cuestión de equidad como de salud pública, insistiendo en que las empresas que se benefician del mercado de juegos de azar en línea de rápido crecimiento de Brasil deben contribuir más a las arcas de la nación.
Pero el apetito político por nuevos impuestos se está desvaneciendo. El Comité Conjunto de Presupuesto ha retrasado una vez más su votación sobre el LDO, citando la falta de consenso sobre los recortes de gastos y las nuevas fuentes de ingresos. Los legisladores advierten que el Congreso "ya no puede llevar una agenda de evantación de impuestos", acusando al gobierno de fijarse en la recaudación en lugar de reformar.
El retraso subraya el dilema duradero de Lula: cómo mantener sus ambiciosos programas sociales sin inquietar a los mercados o alienar a un Congreso ya inquieto, a medida que se acerca la fecha límite del presupuesto de fin de año.
El cronograma presupuestario se ha vuelto perilosamente apretado. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula probablemente tendrá que embarcarse en otra ronda de comercio de caballos con los bloques políticos fragmentados de Brasil para asegurar la aprobación de la Ley de Directrices Presupuestarias antes de fin de año.
Pocos diputados desean ser considerados responsables de un aumento de impuestos, sin importar cuán virtuosa sea la causa de la financiación de los programas insignia de bienestar de Lula. La credibilidad fiscal del gobierno ahora depende de su capacidad para llegar a un acuerdo sin reavivar las tensiones dentro del Congreso.
Para Lula y Haddad, el esfuerzo por imponer nuevos impuestos a las empresas de apuestas ha tomado una dimensión personal. Ambos hombres fueron humillados el mes pasado, ya que su plan inicial de aumentar la tasa impositiva sobre los ingresos brutos del juego (GGR) del 12% al 18% se derrumbó en la Cámara de Diputados después de meses de negociación. El revés fue aún más punzante dado que Haddad había creído que el acuerdo estaba sellado.
Menos de 24 horas antes de la votación, el diputado del PT Carlos Zarattini insertó una cláusula controvertida que habría aplicado un marco fiscal retroactivo, denominado "Litígio Zero Bets", un mecanismo nunca antes utilizado por la Receita Federal de Brasil.
La medida sorprendió a los aliados, puso nerviosos a los mercados y, en última instancia, llevó a la derrota de la propuesta por 251 votos, dejando la agenda de reforma fiscal del gobierno en desorden.
Las consecuencias fueron rápidas. Los oponentes de Lula se burlaron de la falta de coordinación de la administración, mientras que los bloques centristas acusaron al PT de tratar de reescribir la ley tributaria sobre la marcha.
Haddad, ya bajo presión para generar ingresos, vio su credibilidad dentro del Congreso abollada. El fracaso profundizó el escepticismo sobre si el gobierno puede guiar reformas complejas a través de una legislatura que prospera en la negociación política.
Aún así, la lucha está lejos de terminar, ya que se ha advertido a los titulares de licencias en el régimen de apuestas. El 13 de octubre de 2025, el líder de la cámara del PT, Lindbergh Farias, presentó un nuevo proyecto de ley que proponía duplicar la tasa impositiva del juego al 24 % de la GGR.
Esta medida está siendo revisada actualmente por la dirección del partido. La medida indica que el gobierno sigue decidido a exprimir más del sector, incluso si el costo político aumenta.
En última instancia, el juicio final recaerá en Haddad, quien debe determinar qué nivel de impuestos puede sobrevivir a la aritmética política de Brasil, lo suficientemente alta como para cumplir con los objetivos fiscales, pero lo suficientemente modesta como para aprobar.
Por ahora, la apuesta de Lula sobre los impuestos sobre el juego sigue siendo solo eso: una apuesta de alto riesgo en la capacidad de su gobierno para convertir la determinación fiscal en un éxito legislativo en el que nadie quiere azotar a un caballo muerto.
Dingnews.com 22/10/2025