Así, el IBJR ha mostrado su respaldo oficial a la Resolución número 5298 del Consejo Monetario Nacional (CMN), promulgada el pasado 24 de abril de 2026, mediante la cual se establecen límites estrictos para la organización y operatividad del mercado de derivados en el país sudamericano.
Al prohibir explícitamente que los eventos deportivos, los juegos en línea y las contingencias de carácter político o cultural sean utilizados como activo subyacente o garantía para productos financieros, el organismo regulador consolida la seguridad jurídica del mercado. Esta medida preventiva evita que la infraestructura del sistema financiero sea instrumentalizada para eludir el marco normativo específico que rige al sector de las apuestas de cuota fija.
Esta intervención, comunicada a través del Banco Central de Brasil, cierra la puerta a aquellas corporaciones que pretendían penetrar en la jurisdicción brasileña bajo la apariencia de los denominados «mercados predictivos». Al ocultar la verdadera naturaleza de su operativa comercial, estas plataformas buscaban operar al margen de las obligaciones sectoriales.
Frente a esta coyuntura, el IBJR ha sido categórico al reiterar que cualquier transacción en la que un consumidor asume un riesgo económico condicionado a un resultado incierto constituye, a todos los efectos legales y prácticos, una apuesta.
La entidad subraya que esta definición técnica prevalece independientemente de la terminología empleada, la arquitectura tecnológica subyacente o la fórmula contractual elegida. Permitir una interpretación contraria generaría una asimetría competitiva inaceptable en detrimento de los operadores que han superado el riguroso y costoso proceso de licenciamiento nacional.
El amparo de productos financieros equivalentes fuera del régimen legal de apuestas supondría la legitimación del arbitraje regulatorio, un escenario que acarrea consecuencias severas para la estabilidad del mercado.
Desde la asociación advierten que esta evasión no solo fomenta la competencia desleal y provoca una merma significativa en la recaudación fiscal del Estado, sino que también supone una amenaza directa para la integridad de las competiciones deportivas.
Por encima de todo, eludir la reciente Ley 14.790/23 implicaría despojar al usuario final de las salvaguardias de consumo fundamentales, desactivando mecanismos esenciales de Juego Responsable, tales como la monitorización técnica de conductas compulsivas y las barreras de protección frente al sobreendeudamiento.
En un momento en el que Brasil acaba de estructurar y poner en marcha su compleja legislación para las apuestas de cuotas fijas, el ecosistema regulado exige máxima firmeza institucional.
Replicar la exposición económica del juego mediante vías alternativas, eximiéndose de la carga impositiva y normativa correspondiente, no constituye un avance del sector, sino una maniobra de elusión.
Para el IBJR, el desarrollo y la innovación corporativa deben coexistir obligatoriamente con el respeto a las normativas y la igualdad de condiciones, desterrando de forma definitiva cualquier práctica que busque vulnerar las reglas del mercado legalizado.
Dingnews.com 06/05/2026