Las 17 comunidades autónomas de España enviaron un documento de consenso a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y al Consejo de Políticas del juego, en el que exigen que se respeten las potestades exclusivas de gestión y control sobre los establecimientos físicos, casinos y salones de juego.
La iniciativa territorial está liderada por Ramón Cubián en su calidad de responsable de las competencias de juego de la Comunidad de Madrid, quien afirmó que el pedido no obedece a razones políticas, sino a criterios puramente operativos.
El origen del conflicto técnico se remonta a las sesiones del Consejo de Políticas del Juego, cuando dicho organismo estatal propuso asumir un rol coordinador en materia de protección de usuarios vulnerables dentro del canal minorista terrestre.
A partir de ello, las autonomías sostienen que la realidad económica, demográfica e institucional de cada territorio es dispar, por lo que una tutela centralizada desde Madrid fragmentaría la eficacia de las inspecciones y de las políticas locales de juego responsable.
“Se pretendió asumir una función de coordinación a las comunidades autónomas para decirnos qué teníamos que hacer en la protección de los vulnerables en el juego presencial”, afirmó Cubián, cuestionando que las comunidades necesitaran una tutela estatal para desarrollar unas competencias que ya tienen atribuidas.
“Cada comunidad autónoma tenemos una realidad política, económica, social, empresarial distinta”, explicó, al señalar que esas diferencias tienen también su reflejo en el número de salones, las máquinas, los establecimientos y los hábitos de ocio.
“No hemos hecho un texto político, hemos hecho un texto de trabajo, de defensa de la libertad y de las competencias también de las comunidades autónomas”, expresó, y añadió que la reivindicación competencial no responde simplemente al deseo de conservar una parcela administrativa.
Dingnews.com 08/10/2026