Según consta en el expediente, dicha autorización exigió el pago de 30 millones de reales en concepto de derechos de concesión, además de diversas inversiones financieras y técnicas por parte de la empresa.
Para la magistrada, “la extinción de las autorizaciones en un plazo tan breve causa un perjuicio enorme a los permisionarios y, por otro lado, vulnera los principios constitucionales de seguridad jurídica, razonabilidad y proporcionalidad”.
La jueza también cuestionó la justificación de interés público utilizada para fundamentar la medida cautelar, al argumentar que dicho principio no faculta a la Administración Pública a modificar de manera repentina los compromisos contraídos previamente.
Otro aspecto destacado en la resolución fue la falta de previsión para la devolución de los montos abonados por la concesión o el pago de indemnizaciones a los operadores afectados por la cancelación de las licencias. A juicio de Pileggi, esta disposición constituye un “verdadero confisco”.
Asimismo, la magistrada mencionó la previsión de una multa diaria de 200.000 reales y otras sanciones para aquellos operadores que incumplieran las disposiciones de la medida cautelar.
Contexto del caso
CDA Gaming presentó un amparo constitucional ante el 26.º Juzgado Civil Federal de São Paulo con el fin de resguardar su permiso frente a las restricciones impuestas por la denominada Medida Cautelar de las Apuestas. Tras ser rechazada su solicitud inicial, la compañía apeló ante el TRF-3 bajo el argumento de que se habían violado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad.
En su recurso, la empresa solicitó la restitución de la licencia y la reanudación de sus actividades. La petición fue admitida por la jueza Adriana Pileggi, quien otorgó la medida cautelar para permitir provisionalmente la continuidad de sus operaciones.
Dingnews.com 06/11/2026