Tras evaluar el marco constitucional y legal vigente, la comisión determinó que la propuesta no contraviene la Constitución Política de la República, sino que fortalece el orden jurídico, al enfrentar una problemática social, económica y fiscal que por años ha operado sin control. Por ello, resolvió continuar con el trámite legislativo correspondiente.
Actualmente, miles de tragamonedas funcionan de manera clandestina en tiendas de conveniencia y comercios, sin regulación ni supervisión, lo que provoca, como sostienen las autoridades, comportamientos problemáticos con el juego, especialmente en jóvenes, afectación la salud mental y economía familiar y pérdidas millonarias en recaudación tributaria, afectando el presupuesto nacional.
La falta de una normativa clara ha permitido vacíos legales que facilitan su expansión y la participación de estructuras ilícitas.
¿Qué cambios trae la nueva regulación?
La iniciativa de ley crea el delito de defraudación tributaria por juegos de azar en donde se establece que comercializar, importar o poseer tragamonedas disfrazadas de “juguetes” será delito penado con condenas de 5 a 10 años de prisión y multa del doble del monto defraudado. Los equipos serán confiscados y destruidos.
La regulación de juegos de azar y máquinas tragamonedas establece que todos los establecimientos que las tengan en funcionamiento serán clausurados inmediatamente y los propietarios serán sancionados de 2 a 5 años de prisión y multa del doble del valor de los equipos.
En tanto, si se comprueba reincidencia la pena se aumentará hasta 7 años de prisión y multa del triple del valor.
También se legislará sobre la protección de niños, niñas y adolescentes al establecer que los establecimientos que permitan el acceso a equipos de juegos de azar a menores serán clausurados inmediatamente y sus propietarios enfrentarán sanciones adicionales de hasta 5 años de prisión y multas del triple del valor de los equipos involucrados.
Además, los responsables de establecimientos que simulan ser loterías pero que incluyan juegos de azar virtuales, tales como máquinas tragamonedas virtuales y otros dispositivos similares enfrentarán de 5 a 10 años de prisión.
También se sancionará con prisión de 3 a 5 años a cualquier funcionario que facilite la operación de estas máquinas además de la inhabilitación de cargo público por 5 años. La iniciativa recibió dictamen favorable para que continúe su proceso de aprobación en el Pleno del Congreso de la República.
Dingnews.com 10/11/2025