La norma, que entró en vigor ayer, 3 de diciembre de 2025, apunta a ordenar un sector donde conviven operadores oficiales, plataformas digitales, medios, intermediarios y usuarios que reclaman mayor transparencia. Con nuevas exigencias de información, parámetros estrictos de visibilidad y reglas más claras para el financiamiento, las promociones y la exhibición de precios, el gobierno busca asegurar que cualquier pieza publicitaria lleve datos verificables y mensajes que el consumidor pueda entender de manera simple y sin ambigüedades.
A partir de ahora, toda comunicación comercial que implique una oferta tendrá que garantizar acceso directo a datos sobre plazos de vigencia, límites territoriales, identidad del oferente, condiciones de comercialización y stock disponible. Esta información deberá estar disponible en una web o, cuando corresponda, a través de canales alternativos como líneas 0800 o medios digitales específicos, acompañada por una leyenda obligatoria que indique dónde consultar los detalles completos.
Además, la pieza publicitaria deberá respetar un formato preciso, mientras que la leyenda deberá ubicarse en la franja inferior del anuncio, ocupar su ancho total y estar compuesta por un texto en negrita de un tamaño no menor al 5 por ciento de la pieza o 4 mm de altura, según corresponda.
La resolución también fija reglas diferenciadas para cada tipo de medio. En radio, la información obligatoria tendrá que emitirse sin música de fondo y con una locución clara, sin aceleraciones que dificulten la comprensión. En publicidad audiovisual, el texto deberá permanecer en pantalla durante un mínimo de 5 segundos, mientras que en medios digitales la información clave tendrá que ser visible sin necesidad de expandir cajas o activar enlaces secundarios. Así, se busca reducir la opacidad que históricamente caracterizó a la letra chica y unificar criterios para que las ofertas puedan compararse entre sí sin confusiones.
Por otro lado, la normativa reafirma que deben expresarse los precios en pesos como unidad principal, aunque puedan acompañarse de referencias en moneda extranjera. El valor exhibido debe ser siempre el total y final que abonará el consumidor. La resolución sostiene la obligación de incluir, en tipografía menor, el importe neto sin impuestos nacionales con la leyenda “Precios sin impuestos nacionales”, así como el precio por unidad de medida. En los productos de muy baja cantidad —hasta 50 gramos o mililitros— la referencia deberá calcularse cada diez gramos o mililitros. El objetivo es estandarizar la información para hacerla comparable, evitar confusiones y reducir prácticas que distorsionen la percepción del costo real.
La normativa también incorpora definiciones relevantes sobre publicidad con financiamiento. Cuando un anuncio incluya pagos en cuotas, la página web o el canal alternativo designado deberá detallar la cantidad de pagos, el monto de cada uno y el Costo Financiero Total Efectivo Anual. En entornos digitales —donde las ofertas suelen actualizarse con mayor frecuencia— la resolución exige que esta información esté siempre disponible de forma visible y comprensible.
Asimismo, las promociones sin obligación de compra deberán incluir la leyenda correspondiente dentro de la pieza, y toda la información adicional exigida por el Decreto 961/2017 tendrá que estar accesible a través de un canal alternativo que garantice participación gratuita, disponibilidad mínima de cuatro horas diarias durante el período de vigencia y puntos de entrega de cupones o envases en todas las capitales provinciales y ciudades de más de 50.000 habitantes.
Reventa de entradas y el juego online
El capítulo de reventa de entradas también recibe ajustes significativos. De esta forma, las plataformas que no sean canales oficiales tendrán que incorporar la leyenda “Este es un sitio de reventa de entradas”, con el propósito de evitar que el usuario confunda una plaza secundaria con un operador autorizado. La intención es ordenar un mercado que creció de manera acelerada en los últimos años y que, en muchos casos, llega al usuario sin indicadores claros que le permitan distinguir entre canales oficiales y secundarios.
En este sentido, otra parte central de la resolución está dirigida a la publicidad de juegos y apuestas online. La norma incrementa los estándares de visibilidad, exigiendo letras más grandes, permanencia más prolongada de las leyendas obligatorias y prohibiciones a prácticas como acelerar la locución en radio. Además, se habilita la posibilidad de que las plataformas utilicen canales alternativos para brindar información sobre condiciones, límites y requisitos, incluido un 0800 o un correo electrónico, siempre y cuando estén disponibles de manera constante.
En todas las piezas deberán figurar las advertencias obligatorias: “EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD” y “+18”. También se crea un canal oficial para denunciar publicidad irregular o la promoción de juegos por influencers que omitan estos mensajes.
La Subsecretaría de Comercio Interior será la responsable de supervisar el cumplimiento y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
La resolución comenzará a aplicarse treinta días después de su publicación en el Boletín Oficial —es decir, ayer 3 de diciembre— y exigirá a las empresas adaptar sus sistemas internos, sus layouts publicitarios y sus flujos de aprobación para cumplir con los nuevos estándares.
Argentina establece nuevos ajustes tributarios en apuestas online
En paralelo a estos cambios, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó la Resolución General 5791/2025, que modifica los procedimientos de inscripción, fiscalización y percepción del impuesto indirecto sobre apuestas online. El organismo estableció plazos más claros para resolver solicitudes, un mecanismo actualizado para la publicación de operadores extranjeros y un sistema de certificados con alícuotas que entran en vigencia quincenalmente.
ARCA también reforzó los controles periódicos sobre los inscriptos y habilitó un procedimiento formal para que los operadores puedan reclamar ante denegatorias o ajustes de alícuota. La norma ya está vigente y establece un período de transición para las solicitudes presentadas antes de su publicación.
Dingnews.com 05/12/2025