El reporte indica que, en 2025, el primer año de regulación de la industria, el Gobierno Federal recaudó 9.950 millones de reales de las empresas de apuestas. En contraste, la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA/MF) anunció que los Ingresos Brutos del Juego (GGR) alcanzaron aproximadamente 37 mil millones en 2025.
Sin embargo, según un informe del medio brasileño Poder360, el sector del juego estima que el monto total pagado en impuestos superó los 10,7 mil millones, considerando lo que no administra directamente la Receita Federal (RFB).
El documento precisa que el modelo tributario actual consume un tercio de los ingresos brutos de las casas de apuestas. Las contribuciones sociales, actualmente fijadas en el 12 por ciento de los ingresos, aumentarán progresivamente hasta alcanzar el 15 por ciento en 2028.
También se aplican otros impuestos como la Contribución Social sobre el Beneficio Neto (CSLL), el Impuesto sobre la Renta de las Empresas (IRPJ) y el Impuesto sobre Servicios (ISS). La Reforma Tributaria eliminará impuestos como el Programa de Integración Social (PIS) y la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) y los sustituirá por la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) a partir de 2027. En 2033, impuestos como el Impuesto sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS) y el ISS serán sustituidos por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS).
Las consecuencias de aumentar la carga fiscal al juego
Según IBJR, aumentar la carga fiscal podría beneficiar al mercado de las apuestas ilegales. “Aumentar los impuestos a quienes cumplen la ley es un incentivo directo para el mercado ilegal, que ya drena 10.700 millones de la economía brasileña sin ofrecer protección alguna a los ciudadanos. Gravar excesivamente al sector legalizado es, en la práctica, entregar al consumidor brasileño en bandeja de plata a sitios piratas que financian el crimen organizado”, declaró André Gelfi, director, asesor y co-fundador de IBJR, a Poder360.
Eric Brasil, economista y director de LCA Consultoria, compartió una opinión similar: “Varios estudios demuestran la importancia de una carga fiscal competitiva como parte de la estrategia para combatir la ilegalidad. Nuestra prioridad debería ser reducir la actividad ilegal, proteger a los consumidores y, en consecuencia, aumentar los ingresos a través de operadores regulados. Sin embargo, estamos optando por el camino contrario”.
Dingnews.com 10/02/2026