Programado para el 23 de abril bajo el informe del ministro Luiz Fux, el análisis del proceso sobre el Recurso Extraordinario 966.177, originario de Río Grande do Sul, podría tener una decisión que cambie el escenario legal del sector en todo el territorio nacional.
Según informó Power360, la Fiscalía de Rio Grande do Sul apeló hace diez años contra la decisión de la Corte de Apelaciones de los Tribunales Penales Especiales del Estado, que desestimó la práctica del juego como delito menor porque consideraba que la prohibición entraba en conflicto con los principios constitucionales vigentes.
En la práctica, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si la penalización de los juegos de azar prevista en la Ley de infracciones penales de 1941 es compatible con la Constitución de 1988.
"La cuestión planteada a este Supremo Tribunal Federal es eminentemente constitucional, ya que el tribunal ante el que ha descartado la tipicidad del juego, respaldada por preceptos constitucionales relacionados con la libertad de iniciativa y las libertades fundamentales", explicó Fux en un comunicado. Identificó el tema como controvertido y de relevancia constitucional en aspectos económicos, políticos, sociales y legales, más allá de los intereses subjetivos de la causa.
El artículo 50 de la Ley de faltas penales de 1941 castiga con penas de prisión de tres meses a un año a todo aquel que abra o administre juegos de azar en lugares públicos o abiertos al público. La multa fue actualizada por la Ley 13.155/2015 por montos entre BRL 2.000 (USD 387) y BRL 200.000 (USD 38.773).
La decisión adoptada por el Tribunal Supremo tendrá efecto nacional e inmediato. El tema vuelve a la discusión una década después de haber sido presentado ante la máxima autoridad legal brasileña, en el momento en que el proyecto de ley (PL) 2.234/2022, que autoriza el funcionamiento de casinos, bingos y jogo do bicho, ha encontrado resistencia para ser votado en el pleno del Senado.
Dingnews.com 07/04/2026