La iniciativa, impulsada por la diputada Giuliana Díaz (UCR), se comenzó a debatir en la comisión de Género y Erradicación de la Trata de Personas, que ella misma preside, y busca “endurecer” algunas de las medidas planteadas en la legislación vigente (Ley Provincial 6.879). El proyecto coincide con otro similar de la oposición, presentado días atrás por Gustavo Perret (PJ).
Para analizar el tema, la comisión recibió a la directora de Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Lic. Pamela Cuartara, quien se explayó sobre el tema y cómo se ve reflejado en la justicia.
Los de Díaz y Perret no son los primeros proyectos que se presentan en Mendoza en este sentido. Claudia Najul (UCR) presentó una propuesta para prohibirle el ingreso a eventos deportivos y culturales a los deudores. En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) también impulsó el aumento de las restricciones. Sin embargo, ninguno avanzó. No se descarta una unificación de todos esos proyectos a la hora de enviar una propuesta al recinto.
La iniciativa de Díaz plantea la incorporación de un nuevo artículo a la Ley 6.879, que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el objetivo de reforzar las consecuencias del incumplimiento y ampliar el alcance de las sanciones.
A diferencia de la normativa vigente —sancionada en 2001 y modificada en 2011— que se centra principalmente en restricciones vinculadas al Estado, el nuevo texto avanza sobre la vida cotidiana de los deudores, con medidas que buscan generar un mayor impacto.
Entre estas se incluye prohibir el ingreso a espectáculos deportivos, mediante el cruce con el programa "Tribuna Segura"; impedir el acceso a casinos, recitales, fiestas y festivales culturales, a través de controles biométricos; y limitar el acceso al crédito y servicios financieros, mediante su inclusión en bases de datos como el CO.DE.ME (que cuenta con más de 5 millones de datos de una base de 1.300.000 personas, con actualización periódica).
En cuanto al ingreso a casinos y salas de juego, será el Ministerio de Seguridad y Justicia quien disponga la utilización de dispositivos biométricos actualizados, a fin de impedir el ingreso de toda persona incluida en el registro.
“En las obligaciones alimentarias, la ejecución y cumplimiento de las sentencias se torna muy compleja, por las particularidades de los conflictos familiares. De allí que se han previsto, para ese ámbito, normas específicas tendientes a asegurar la eficacia de la sentencia. Allí entran en juego las medidas que puede el/la jueza de familia ordenar, que la propia la ley sustancial las denomina “medidas razonables” previstas en los arts. 553 y 557 del Código Civil y Comercial”, expresa el documento de Díaz.
Por lo tanto, continúa el texto, “la adopción de las medidas requiere una importante creatividad, para buscar aquellas que resulten realmente adecuadas al fin previsto, esto es el efectivo cumplimiento de la cuota alimentaria, la priorización del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la protección de las personas vulnerables que sean destinatarias de los alimentos”.
En la mesa de análisis de la comisión, tanto las diputadas como la invitada del Poder Judicial coincidieron en que esta actualización es “una herramienta importante, para que los progenitores se hagan cargo, para que haya una actualización del Registro de Deudores. Todo lo propuesto es en pos de los niños, niñas y adolescentes”.
Cabe mencionar que el expediente continuará en estudio y se le realizarán aportes. “Queremos trabajar con el registro de deudores y ver qué podemos sumar para que sea lo más completo posible. Tratar de que en algunas situaciones podamos lograr que esos deudores cambien su actitud y realicen lo que tienen que hacer”, concluyeron los miembros de la comisión.
Dingnews.com 07/04/2026