Ramón Cubián, director general de Suelo y de Gestión y Ordenación del Juego de la Comunidad de Madrid, defendió la necesidad de que las comunidades autónomas conserven la capacidad de regular, autorizar, inspeccionar y controlar el juego presencial.
El funcionario recordó el acuerdo de las 17 comunidades autónomas por el que solicitan a la DGOJ que aclare el reparto de competencias en materia de juego: “Lo que hemos planteado las comunidades autónomas es abrir un canal de interlocución con el Estado para abordar conjuntamente las nuevas formas de acceso al juego presencial. El ciudadano percibe el juego como una única realidad y, por eso, es fundamental que todas las administraciones implicadas podamos debatir cómo regular y controlar estas modalidades”.
Esta dimensión territorial está estrechamente relacionada con la presencia del juego en sectores como la hostelería. De acuerdo con Juego y Sociedad 2026, que fue presentado en este I Foro, los casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas recreativas en hostelería cuentan, según la modalidad, con entre dos y tres millones de clientes al año.
Juego público y juego privado
En cuanto al segundo punto, durante el foro, se exigió “igualdad en las reglas del juego: el sector público y el privado deben estar sujetos a los mismos controles y garantías de protección”, con criterios proporcionales y apoyados en datos.
En este sentido, el estudio Juego y Sociedad 2026 aportó datos sobre la dimensión y evolución de la actividad en España: 31 millones de residentes de entre 18 y 75 años participaron en alguna modalidad de juego en 2025. Esta participación es, además, mayoritariamente ocasional.
Cabe destacar que España se encuentra entre los países con menor tasa de juego problemático del mundo. Apenas el 0,25% de las personas entre 18 y 75 años lo sufre. A su vez, los datos generales muestran que la edad de inicio en el juego presencial se está retrasando.
Esta evolución contrasta, sin embargo, con la fuerte presencia de las loterías instantáneas de la ONCE entre los más jóvenes. Según Juego y Sociedad 2026, estos “rasca y gana” son el juego más practicado entre los jóvenes de 18 a 25 años. Los premios altos, la inmediatez para jugar y conocer el resultado, la simplicidad de su dinámica y su amplia aceptación social favorecen el riesgo de juego problemático, advirtieron desde CeJuego. Estas características refuerzan la importancia de evaluar los riesgos de cada modalidad sin establecer diferencias en función de quién la comercializa.
Juego ilegal
La aportación económica y laboral del juego autorizado enlaza con la tercera cuestión planteada por CeJuego ante la revisión de la Ley: la lucha contra el juego clandestino. El juego privado presencial aporta EUR 1.024 millones en impuestos especiales, además de otros 639 millones en impuestos comunes y cotizaciones sociales. Mientras las empresas de juego autorizado generan empleo, tributan y están sometidas a licencias, inspecciones y medidas de protección al jugador, el juego clandestino opera al margen de estos controles y sin ofrecer las mismas garantías al consumidor.
La convocatoria electoral puso de manifiesto la necesidad de adaptar la regulación a una realidad cambiante. En este marco, la plataforma de mercados predictivos Polymarket permite “invertir” en quién será presidente en España, a pesar del bloqueo anunciado por el Ministerio de Consumo en mayo.
Por otro lado, el Gobierno reconoció que, de los EUR 465 millones en multas a operadores ilegales desde 2022, no se ha recaudado nada.
En este contexto, Carlos Duelo, director corporativo de Relaciones Institucionales y ESG de CIRSA, alertó: “Los operadores sin licencia ofrecen plataformas que, a ojos del usuario, pueden resultar tan atractivas como las autorizadas, pero sin los mismos controles sobre promociones ni garantías de protección. Si la regulación impone demasiadas restricciones al juego autorizado, corremos el riesgo de favorecer el crecimiento de estas plataformas clandestinas”.
Por ello, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, instó a una mayor colaboración entre todos los actores involucrados en el sector: “Se trata de escuchar, tener datos y hacer una buena regulación. Es el Parlamento, la sociedad la que debe hacer una reforma en la regulación”.
Dingnews.com 22/10/2026