La decisión fue publicada este miércoles 11 en el Diario Oficial de la Unión.

La prórroga amplía hasta febrero el plazo para que diputados y senadores analicen la propuesta, que fue emitida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de septiembre. La MP contempla el cese de las autorizaciones concedidas a las casas de apuestas, el bloqueo de sitios web y aplicaciones y la devolución de los saldos a los usuarios. Para que se convierta en definitiva, la medida debe ser aprobada por el Congreso antes de que venza su plazo de vigencia.

Según detalló Poder360, la decisión se produce en medio de las negociaciones políticas del gobierno de Lula para avanzar con propuestas durante 2026, antes del cambio en la composición del Congreso Nacional previsto para 2027, cuando se espera un perfil más conservador entre los legisladores.

El gobierno prevé una pérdida de BRL 12.000 millones (USD 2.149 millones) en recaudación si se confirma la prohibición.

La medida recibió 99 enmiendas durante el plazo establecido para la presentación de propuestas, que finalizó en octubre. Entre los puntos que aún deben debatirse se encuentran las posibles modificaciones al texto original y los efectos económicos y sociales de la prohibición.

El trámite legislativo también adquirió carácter urgente. Desde el lunes 9, la medida provisional se encuentra bajo el régimen de urgencia constitucional, pero la comisión mixta responsable de analizar el texto ni siquiera ha sido constituida. El órgano deberá debatir las enmiendas y elaborar un dictamen antes de la votación en los plenos de la Cámara de Diputados y el Senado.

Debate en el STF

En paralelo al trámite en el Congreso, la constitucionalidad de la prohibición se debate en el Supremo Tribunal Federal (STF), a través de cuatro Acciones Directas de Inconstitucionalidad (ADI 8024, 8027, 8028 y 8035), presentadas por entidades vinculadas al sector de las apuestas.

El ministro Luiz Fux, oradpr de los procesos, realizó audiencias públicas para debatir los impactos de la medida y escuchar a representantes del gobierno, del mercado de apuestas, de entidades deportivas y de la sociedad civil.

El lunes 9, Fux ordenó la suspensión a nivel nacional de todos los procesos judiciales que cuestionan la constitucionalidad de la medida provisional. La decisión respondió a un pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), que señaló el riesgo de inseguridad jurídica ante la existencia de decisiones divergentes en distintas instancias judiciales.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el STF emita un fallo definitivo sobre la controversia. La decisión todavía deberá ser sometida a consideración del pleno del máximo tribunal, que también tendrá que pronunciarse sobre las cuatro acciones directas de inconstitucionalidad.