El Congreso ha autorizado nuevos artículos preparados por la Comisión de Justicia para ayudar a las autoridades nacionales y al Poder Judicial a luchar contra la corrupción deportiva, el fraude y la manipulación de eventos deportivos.
El Código Penal de Perú contará ahora con un nuevo segmento, el artículo 197-A, que incluye disposiciones penales específicas sobre la fijación de partidos.
Según la nueva ley, cualquier persona que directa o indirectamente participe en influir en el curso o el resultado de una competición o evento deportivo puede enfrentarse a entre tres y seis años de prisión. El artículo también establece que si la manipulación está directamente relacionada con una licencia de apuestas deportivas o marcas asociadas, el poder judicial puede imponer penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
Para garantizar la integridad, todas las casas de apuestas con licencia deben firmar una carta oficial de reglas contra la fijación de partidos, con el compromiso formalmente respaldado por los altos ejecutivos de la licencia.
El marco legislativo se aplica a un círculo más amplio de actores dentro del deporte, incluidos atletas, árbitros, entrenadores, personal administrativo o de apoyo, personal médico, agentes y directores de clubes, ligas o federaciones, así como cualquier otra persona con influencia directa o indirecta sobre una competición deportiva.
Al codificar la fijación de partidos como un delito penal y reforzar las obligaciones de cumplimiento para los operadores de apuestas, las autoridades peruanas tienen como objetivo enfrentar una creciente amenaza de integridad alimentada por la rápida expansión de las apuestas deportivas en todo el país. Se sabe que el deporte profesional en Perú está muy expuesto al riesgo de manipulación, con los órganos de gobierno nacionales bajo una presión creciente para adoptar marcos modernos de integridad para monitorear y denunciar actividades sospechosas.
El monitoreo por parte de Sportradar sobre "Corrupción en las apuestas y la fijación de partidos en 2023" colocó a Perú en la octava posición mundial por sospecha de manipulación, un aumento dramático desde el puesto 28 en 2022. Este aumento representa uno de los aumentos más pronunciados a nivel mundial y destaca la vulnerabilidad de las competiciones peruanas.
Según Sportradar, el fútbol domina los casos sospechosos del país con 880 partidos marcados por posible manipulación, mientras que el baloncesto representó 205 alertas y el tenis de mesa 70 alertas. Los hallazgos subrayan hasta qué punto Perú está a la zaga de otras naciones sudamericanas en la construcción de salvaguardias coordinadas contra la corrupción en el deporte.
La reforma del Código Penal se produce exactamente un año después de que Perú lanzara su mercado de juego en línea regulado, supervisado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). El mercado fue diseñado para sacar a los operadores extranjeros del sector gris y entrar en un marco con licencia completa, con todos los operadores sujetos a un impuesto del 12 % sobre los ingresos netos de las transacciones de juego.
El lanzamiento del mercado peruano fue ampliamente elogiado como una iniciativa con visión de futuro, posicionando al país junto a jurisdicciones vecinas como Brasil y Colombia, las cuales recientemente han modernizado sus regímenes de juego para atraer inversiones internacionales mientras mantienen un control más estricto sobre la actividad de apuestas. Los responsables políticos enmarcaron la regulación como un medio no solo para generar ingresos fiscales, sino también para fortalecer las protecciones del consumidor y salvaguardar la integridad del deporte.
Sin embargo, en marzo, una intervención de la presidenta Dina Boluarte trajo caos al incipiente régimen de juego de Perú. Por orden de su orden, la agencia nacional de impuestos SUNAT impuso un impuesto de consumo selectivo (ISC) del uno por ciento sobre las apuestas de los operadores autorizados, a partir del 1 de septiembre.
La medida se implementó sin una guía técnica clara sobre cómo debe calcularse la rotación o si las bonificaciones e incentivos deben estar exentas, lo que provocó una reacción inmediata.
Voces de la industria advierten que la estructura podría ser "catastrófica" para el mercado con licencia, mientras que una alianza de casas de apuestas locales ya ha lanzado un desafío legal, apelando al Congreso para una revisión formal. Su agravio central es que los operadores extranjeros pueden simplemente pasar la carga de la ISC a los actores, mientras que los licenciatarios nacionales se ven obligados a absorber el costo. Los críticos argumentan que esto crea un desequilibrio regulatorio, sesgando la competencia y debilitando los poderes de aplicación de SUNAT contra las empresas extraterritoriales.
La disputa subraya un fuerte enfrentamiento en el primer año del nuevo régimen de juego de Perú: avances significativos en la regulación y las reformas de integridad en contra de los vientos en contra de la intervención política, la política fiscal no resuelta y una industria profundamente dividida.
Dingnews.com 15/09/2025