El plazo previsto se había cumplido el pasado viernes 16 de octubre. Sin embargo, la Secretaría General del Senado reunió a todos los comités para “considerar la apertura de un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley”.
Según el diario La Tercera, surgió una polémica en torno a la no presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, que había quedado fuera del plazo original. De acuerdo a fuentes de La Moneda, se debió a una pugna entre el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y los ministerios a cargo de la tramitación de la ley.
Los ministerios que llevan la titularidad de la iniciativa son Hacienda, Economía, Justicia y Salud. Según fuentes de gobierno, todas ellas, a solicitud de la Segpres, enviaron redacciones que fueron acordadas en conjunto con este último ministerio.
No obstante, agregan las mismas versiones, “Segpres cambió la redacción de esa indicación, pasando a llevar a los otros ministerios, quienes, viendo la nueva propuesta que se ingresaría, no dieron su visto bueno”.
Consultado al respecto, el Segpres descartó dicha versión y aseguró que “el gobierno ha optado por continuar el trabajo en mesas técnicas y generar un espacio adicional de consultas que permita avanzar en una propuesta con los consensos necesarios”.
Esta postura fue reforzada por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, en una vocería que dio en el Palacio La Moneda. “Este es un tema que se discute durante largo tiempo en el Congreso, está en su segundo trámite en el Senado. Es una discusión que se reactivó hace tiempo atrás, después de muchos meses de paralización”, sostuvo.
Propuesta del Senado
Recientemente, se conoció que la presidenta del Senado chileno, Paulina Núñez, presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley que regula las plataformas de juego online, con el objetivo de establecer penas que alcancen hasta 15 años de cárcel efectiva para quienes promuevan casas de apuestas ilegales.
La iniciativa propone un cambio sustancial en el tratamiento de esta actividad, a fin de “impedir la expansión del mercado ilegal, proteger a las familias y cerrar los espacios digitales que puedan ser aprovechados por el crimen organizado”.
La propuesta establece penas que pueden alcanzar los 15 años de presidio en determinados casos agravados, multas de hasta 10.000 UTM y responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas.
La indicación prevé, además, la creación de un procedimiento judicial que permita el bloqueo permanente de sitios web, aplicaciones y canales utilizados para las apuestas ilícitas. Se establecerán mecanismos dinámicos para extender restricciones a nuevas plataformas creadas exclusivamente para eludir las prohibiciones iniciales.
Dingnews.com 22/10/2026